Rechazo al fallo de la Corte Suprema
Hace unos días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, rechazó un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas que solicitaba la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que establecía la derogación de la Ley de Tierras Rurales 26.737 sancionada en 2011.
Si bien la Corte Suprema no se expide sobre la validez del decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Milei, de su fallo resulta, de hecho, la derogación de la Ley que pone límites a la extranjerización de tierras rurales en nuestro país, incluyendo territorios de frontera, fuentes de agua, y dando vía libre a un proceso impulsado desde el gobierno nacional y varios gobiernos provinciales.
El trabajo de georeferencia realizado desde el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-CIEA-UBA) permitió precisar la dimensión del problema de la extranjerización del suelo y difundir información que ayudó a comprender la relevancia de una Ley de Tierras -y la necesidad de sostenerla- que atienda a las cuestiones señaladas, resultando fundamental en la construcción de una corriente de opinión que se expresó con fuerza el último 6 de agosto en ocasión de la discusión parlamentaria de la llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”.
Desde el CIEA rechazamos la decisión de los jueces de la Corte y compartimos con diversas instituciones científicas y con organizaciones sociales y políticas la necesidad de la defensa de nuestro territorio, la preservación de los bienes comunes de la naturaleza y una distribución democrática de la tierra. No esperamos que las soluciones lleguen de la Corte, sino en avanzar con la derogación del DNU 70/2023 emitido por Milei, sostenida y estimulada por la más amplia movilización popular.
